Finalmente, el Gobierno tomó cartas en el asunto y tras la primera conferencia del Ministro de Economía, Martín Guzmán, resaltando la necesidad de tener cuentas equilibradas en el largo plazo y con el objetivo de encausar un sendero sostenible de la deuda pública, se envió al Congreso el proyecto de la Ley de “Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública” la cual apunta a concretar una suba de los ingresos que percibe el Estado basado en aumentos impositivos, así como también reducir en términos reales el peso del componente más alto del gasto público: las jubilaciones.
Al referirse a los efectos fiscales del nuevo proyecto de Ley, el ministro de economía declaró que “El 2020 no es el año para una contracción fiscal, pero tampoco será el año de la expansión” y que el déficit fiscal continuará en niveles similares a los del cierre de 2019, estimado cerca de 0,8% del PBI.
Los principales puntos del proyecto se basan en el aumento de los ingresos del Estado. Para ello, se decidió dejar sin efecto el Consenso fiscal aprobado por el gobierno en conjunto con los gobernadores en el año 2017, además de la suspensión de la reforma tributaria sancionada en el mismo año, por el cual el fisco vería afectados sus ingresos para el año entrante en aproximadamente 0,5% del PBI. Además, entre los nuevos puntos que se añadieron se destacan: la anulación del traspaso de las entidades de gas y electricidad bajo la órbita federal, sumado a un congelamiento por 180 días de la carga tarifaria sobre los usuarios, lo que tendrá un impacto negativo sobre el gasto. Otra partida que sufrirá congelamiento será la de jubilados, dado que la Ley prevé el congelamiento por 180 días de la fórmula de movilidad jubilatoria, avalando un incremental de $5.000 en diciembre y $5.000 en enero para las jubilaciones que partan desde la mínima ($14.078) y hasta $19.078, progresivamente. Esta última supone un ahorro frente al total del gasto estimado para el año próximo, sujeto a la discrecionalidad de los aumentos futuros otorgados por el ejecutivo.
Tal cual muestra el gráfico anterior, el resto de las medidas tienen impacto directo en el aumento de los ingresos por subas en las alícuotas. En el caso de las retenciones, y tras remover el tope de $3 y $4 correspondiente según bien, el Poder Ejecutivo tendrá la facultad de llevar al 33% las retenciones para la soja; para otros granos, el límite es el 15%. Por su parte, se reducirán alícuotas del 12% a 8% para las exportaciones del sector minero y petrolero. Este aumento impositivo sería el de mayor impacto y calculamos un aporte adicional a lo ya recaudado del orden de 0,4% del PBI.
Como segundo punto se destaca la instauración del llamado “Impuesto para una argentina inclusiva y solidaria (PAIS)” considerado de emergencia, que tendrá un plazo de 5 años, por el cual se instala un impuesto del 30% a la compra de dólares para atesoramiento y para viajes al exterior. También se gravará con el mismo importe al cambio de divisas y consumos de bienes y servicios en el exterior, sumado a los pasajes por cualquier vía, a excepción de los países limítrofes. Por ambos conceptos, estimamos, una recaudación cercana a 0,55% del PBI.
Por otro lado, el impuesto a los bienes personales volverá a tener las mismas alícuotas que en el año 2015, que, con motivo de fomentar el blanqueo de capitales, se redujo año a año a partir de 2017. De esta manera, las nuevas alícuotas irán desde 0,5% hasta 1,25%, según la escala. Además, se delegó al PEN la capacidad de aplicar un 100% de la alícuota a cada uno de los segmentos sobre la tasa expuesta para los bienes situados en el exterior. Este cambio contribuirá en 0,2% del PBI, llevándolo a niveles superiores a los del año 2009, el de mayor recaudación.
Por último, se estableció que la tasa de estadística también sufrirá una suba que llevará la alícuota hasta el 3%, la misma tendrá un plazo máximo hasta el último día de 2020 y tendrá un impacto leve (0,04% en el PBI). Por otro lado, sin demasiada relevancia en los cálculos finales, se ejecuta un aumento de los impuestos internos según el valor y la categoría del bien.
En su conjunto, todas estas medidas de aumentos impositivos generarán recursos extras por aproximadamente US$ 5.900 millones, es decir 1,2% del PBI. De esta manera, podríamos pensar que la Argentina podría alcanzar el superávit fiscal primario para el año próximo, sin embargo, la intención del ministro difiere de esta mirada. Por ello, resta comprender en que áreas se realizarán las ejecuciones de gasto del PEN que haga que esta suba impositiva no genere una mejora en el resultado del déficit, en las cuales todavía no han hecho aclaraciones.
En primer lugar, podemos inferir que mediante el congelamiento tarifario para los usuarios por 180 días y la necesidad que marca el gobierno de fomentar al sector energético, dicha compensación será absorbida por el Estado y dependiendo de la evolución del tipo de cambio, eso puede verse afectado en mayor o menor medida. Por otro lado, la suma de políticas de ingresos como la tarjeta de alimentos, el otorgamiento de microcréditos por parte del Estado y la devolución de IVA generarán un volumen adicional del gasto que podría ser cercano a 0,2% del PBI según el alcance que el Gobierno difundió. Además, para los beneficiaron de la AUH, que también se verán afectados por el congelamiento de la fórmula de movilidad por 180 días, el pago de $2.000 será en diciembre y enero, superando inicialmente lo que hubieran recibido.
Cómo último punto, resta analizar cuál será el impacto neto de las jubilaciones y pensiones del régimen general, que al ser discrecional por lo menos hasta que se resuelva una nueva fórmula de ajuste, el resultado es incierto. Desde nuestro punto de vista, el objetivo de desindexar las jubilaciones por seis meses es generar una caída del poder adquisitivo de las jubilaciones; es decir, generar un ahorro fiscal en el componente más pesado del gasto. Suponiendo que los aumentos que se otorgarán trimestralmente por decreto fueran equivalentes a la mitad de lo que daría la fórmula vigente, las jubilaciones tendrían una caída real del 10% a lo largo del año que viene. De esta forma el gasto podría tener una reducción de 1 punto del PBI, solo por este componente.
De esta manera, y en vistas de iniciar la renegociación de la deuda, principal desafío que tiene hoy la administración, el Gobierno continúa con su premisa de no realizar un ajuste en el total del gasto, aunque su primera medida apuntó a congelar los beneficios que hubieran obtenido con la actual fórmula de movilidad los afectados por esta, indirectamente realizando un viraje de sectores beneficiados por dichas medidas.
Según el gobierno las medidas propuestas apuntan a que la economía deje de contraerse, sin embargo, esa premisa no es lineal, dado que el aumento de impuestos tendrá su efecto negativo en parte de la actividad económica. Una vez aprobado y ejecutado este plan, el Gobierno no tendrá otra opción que iniciar la búsqueda hacia el equilibrio fiscal en años posteriores, que le permita poder presentar un programa consistente que le permite solventar gastos futuros, volviendo a insertarse en los mercados. Si esto no sucediera, los impuestos que hoy se saben de emergencia, inevitablemente serán permanentes, pero ya no será tan viable volver a hacer una ley de emergencia similar. El análisis de reducción del gasto consolidado volverá a ser una necesidad para la solvencia.