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A última hora del día de ayer el Banco Central publicó la comunicación A7407 y en pocos minutos toda la prensa y las redes sociales estaban hablando sobre lo que es un nuevo apriete de tuercas del cepo cambiario: la autoridad monetaria dispuso que “las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios.” En pocas palabras, se prohíbe la financiación de los gastos de turismo en el exterior por lo que quienes recurrían a este mecanismo para viajar al exterior deberán hacerlo a partir de ahora al contado o accediendo a otro tipo de financiamiento por otra vía diferente a las tarjetas de crédito (por ejemplo, sacando un crédito bancario personal).


Esta medida es una nueva demostración de la falta de diagnóstico y mirada global del problema económico por parte de las autoridades. Siguen intentando detener la pérdida de reservas del Banco Central con medidas parciales tendientes a trabar más el acceso de la demanda al mercado de divisas. Según declaraciones del gobierno la medida tiene carácter provisorio. Sin embargo, sabemos por experiencia que todo lo provisorio o “de emergencia” se vuelve permanente en la política económica argentina. Parece poco creíble que en un par de meses el gobierno decida flexibilizar el acceso al crédito para turismo internacional en un contexto macro que será igual o incluso peor que el actual si no se decide implementar un programa de corrección de múltiples desequilibrios.


La medida a su vez es una revelación de la preocupación que tiene el equipo económico con respecto a la dinámica cambiaria. Durante los primeros 9 meses del año, según los datos del balance cambiario del Banco Central, las cuentas externas en concepto de gastos de turismo, tarjetas y transporte en el exterior tuvieron un déficit de 1.500 millones de dólares. Esta cifra representa una cantidad muy baja en perspectiva histórica y es muy similar a la del año pasado cuando el turismo estaba casi cerrado por completo. Comparando contra 2017, en los primeros nueve meses del año de aquel momento el déficit turístico superaba los 8.000 millones de dólares. Sin embargo, la dinámica descendente de las reservas netas que mira el BCRA desde hace algunos meses, sumado a que los próximos meses son históricamente los de temporada alta de déficit turístico, llevaron a las autoridades a tomar esta decisión.

Otro de los argumentos por parte del oficialismo es que ante un escenario de “escasez de dólares”, es pertinente que el gobierno administre los recursos escasos garantizando su uso en importaciones necesarias para sostener la producción. Con respecto a esto hay observaciones para hacer. En primer lugar, el gobierno debería ponerse a pensar cómo es posible que estén hablando de escasez de divisas en un período de superávit de cuenta corriente. Esa falta de diagnóstico es la que los lleva a acumular medidas que no resuelven los problemas. En segundo lugar, según los propios números del Banco Central en octubre los dólares destinados a importaciones de bienes fueron de solo 4.500 millones de dólares mientras que en septiembre había sido de 6.000 millones. Es decir que no es cierto que se limite el acceso a divisas para viajar con el objetivo de no trabar la importación de bienes para la producción, porque en el último mes se ha reflejado una caída sustancial de los dólares a los que pudo acceder el sector importador.


Lo que siempre está ausente es la visión global. El problema de los dólares en realidad no es un problema de dólares, es un problema macroeconómico de inconsistencias y desequilibrios múltiples. Y en lo que a eso respecta, el gobierno ya ha consumido la mitad de su mandato sin la capacidad de armar, comunicar y comenzar a ejecutar un programa de ordenamiento macroeconómico. Muy por el contrario, los últimos números de las finanzas públicas dan cuenta de que el déficit fiscal está creciendo de forma acelerada en los últimos meses. En el mes de octubre el déficit primario fue de 0,5% del PBI, superior al de octubre del año pasado cuando la actividad económica era menor y casi el mismo ratio que en octubre de 2015, el año de desequilibrio primario más grande de las últimas décadas.

Aunque no ha habido precisiones, debería ser la semana que viene o a más tardar la próxima, el momento de la presentación del plan plurianual que anunció el Presidente a minutos de haberse conocido la derrota electoral. Lamentablemente este tipo de medidas y los números más recientes de la evolución del déficit fiscal no permiten ser muy optimista respecto a que el gobierno haya dado un giro en su visión del problema y pueda presentar un programa consistente de reducción del déficit, normalización monetaria, desaceleración de la inflación, y compresión de las brechas cambiarias. También estas señales hacen dudar de la capacidad que el gobierno tendrá para poder llegar a un entendimiento fructífero con el staff técnico del Fondo Monetario Internacional.


No hay dudas de que el Fondo intentará basar el acuerdo en una programa de ajuste fiscal. Uno de los principales componentes de expansión del gasto público es el subsidio a las tarifas, tema álgido dentro del gobierno que ya ha sido causa de duras internas en el Ministerio de Economía. El déficit operativo de las empresas del Estado también ha mostrado un fuerte crecimiento en el último tiempo, así como también las mayores transferencias sociales que no han podido normalizarse luego de la pandemia 2020. Una vez más, es la macro… pero el gobierno parece no entenderlo.

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