Con los datos de inflación conocidos ayer, se confirma que los ingresos reales continuarán mostrando una caída en su poder de compra. Tanto los salarios como las trasferencias a jubilados, pensionados y asignaciones familiares están atravesando en noviembre el punto más bajo del último tiempo en lo que respecta a su capacidad adquisitiva.
Con respecto a los salarios, como consecuencia de paritarias negociadas en un contexto diametralmente diferente al actual, estimamos que perderán aproximadamente un 6% real si se compara el promedio de este año con el promedio del año pasado, pero con una caída de punta a punta en el año del doble: al comparar el poder adquisitivo de un salario promedio del sector privado registrado en diciembre del año pasado con lo que será en diciembre de este año la caída alcanza al 14%. Lo cierto es que al momento de la negociación de las paritarias ni siquiera los más pesimistas preveían un salto cambiario de la magnitud del que se vivió en los últimos meses, y la consecuente aceleración inflacionaria que alcanzará probablemente un pico del 47% interanual. Así, las negociaciones se llevaron a cabo en un rango del 18% a 25%, quedando muy retrasadas en relación a la dinámica de los precios. Es en este contexto que se explica la necesidad del gobierno por amortiguar, al menos parcialmente, esta caída mediante el decreto sobre el bono salarial.
Algo similar ocurre si analizamos la dinámica de las transferencias al gobierno, en particular las jubilaciones. En el siguiente gráfico se muestra la evolución del poder adquisitivo de la media de jubilaciones y pensiones, beneficio que alcanza a 7 millones de personas. El promedio anual en 2018 quedará también un 6% por debajo en relación al poder de compra promedio de 2017, mientras que en noviembre se alcanzará un mínimo que implicará una caída interanual del 16%. En términos de ingresos, y tomando como base la jubilación media de junio de este año que fue de $12.308, esta caída implica una reducción de más de 2.000 pesos desde un ingreso medio real en noviembre-17 de $12.877 a aproximadamente $10.642.
Dada la fórmula de actualización automática de las jubilaciones y pensiones, en el mes de diciembre se ejecutará un aumento del 7,7% que compensará momentáneamente esta pérdida. Sin embargo, la recuperación más sustancial vendrá durante 2019 cuando la inflación comience a bajar (dejado atrás el salto del dólar de $18 a $40) y los ajustes trimestrales alcancen valores estimados de 12% en marzo, más de 10% en junio y 8% en septiembre. Dado que los ajustes se hacen en relación a la inflación y los salarios de seis meses atrás, todo lo negativo de la inflación actual será “devuelto a las jubilaciones” durante el año que viene.
En el medio, claro está, los beneficiarios de estas transferencias ven menguada su capacidad de consumo debido a que la inflación llega antes que los ajustes. Pero, de todos modos, es importante remarcar el rol de estas fórmulas automáticas de ajuste que evitan que las pérdidas reales perduren en el tiempo.
La capacidad adquisitiva promedio de los jubilados y pensionados en 2018 y 2019 promediará el mismo valor que en el año 2011. Si bien es cierto que el costado positivo de esta dinámica es el ahorro fiscal que se genera ante esta licuación de las trasferencias, no hay que olvidar que las finanzas públicas deben seguir haciendo frente a los últimos pagos de la reparación histórica y a los nuevos beneficiarios que se suman todos los meses al cumplir la edad correspondiente. Más aún, con el nuevo esquema de pensión universal, cualquier ciudadano que cumpla 65 años pasa automáticamente a ser beneficiario de una pensión básica universal (que representa el 82% de una jubilación mínima), por lo que el ahorro para el fisco termina siendo compensado.
Analizando el fenómeno desde una óptica puramente política-electoral, al momento de las elecciones presidenciales del año que viene, la jubilación promedio real habrá vuelto a alcanzar e incluso superar levemente el nivel recibido en junio de este año, antes de la caída más significativa. En pesos de junio-2018 este beneficio será de unos $12.340, recuperando un equivalente a 1.800 pesos de poder de compra. De corroborarse lo que algunos analistas aseguran sobre la percepción económica del votante medio, este escenario no sería tan negativo para el oficialismo a la hora de enfrentarse a las urnas.
Así, la actual fórmula de actualización de los haberes no solo lograría comenzar a impulsar el consumo y la demanda agregada a partir del segundo trimestre del año que viene, sino que incluso configuraría un escenario bastante más positivo que el actual para el momento de las elecciones que definirán la continuidad o no del gobierno de Mauricio Macri.
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