Economía
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En busca de la sostenibilidad

7 de agosto

Al inicio de la cuarentena, a partir del contexto de pandemia, que derivó en una notoria caída de la movilidad en nuestro país, destacamos que el gobierno se topaba en aquel momento con 3 condicionantes para afrontarla y salir a flote de la brusca recesión en la que entraría, incluso con mayor fuerza que el promedio mundial. Estos eran: el retorno a la actividad económica normal, la renegociación de los compromisos de deuda local y externa y, por último, la dinámica fiscal, cambiaria y monetaria que dependería intrínsecamente de los resultados anteriores.

Esta semana, el gobierno parece haber despejado uno de estos tres frentes necesarios para abordar la recuperación. Tras ocho meses de negociación, el gobierno comunicó haber alcanzado un acuerdo de palabra con los bonistas, el cual fue notificado a través de un documento emitido en conjunto con tres grupos grandes de acreedores que poseen, según sus propias estimaciones, cerca del 60% de la deuda Indenture 2005/2010 y la misma proporción para los Indenture 2016. De esta manera, sumado a la aceptación del 35% de la anterior propuesta realizada por Argentina, todo parece indicar que el 24 de agosto (día del vencimiento de la propuesta) deberían alcanzarse las CACs en ambas cláusulas legales y de esta manera, lograr un canje total de deuda emitida bajo legislación extranjera.

Los principales cambios con relación a la anterior propuesta del gobierno se basaron en nuevas fechas de pago siendo el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre. Lo mismo sucederá con el pago de intereses devengados de los bonos cuya tasa permanecerá en el 1% pero comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029, adelantando la modalidad de pago anterior. Como último cambio, los Bonos cuyos vencimientos se ubican en 2030 y 2038, adelantaron el comienzo de pagos de sus amortizaciones. Todos estos cambios, que no generan cambios en los desembolsos, implican un aumento del valor presente neto cercano a 1,5 puntos en relación a la oferta inmediata anterior y ronda un valor de US$ 55.

A partir de esto, el alivio total en los compromisos de deuda será por un monto de US$ 31.300 millones, mientras que la mayor parte se ubica en los próximos años, hasta el fin de la actual gestión. Durante el período 2020 – 2024, el país debía enfrentar compromisos de capital e intereses por poco más de US$ 26.000 millones y  se redujo a solamente US$ 2.200 millones. Para el próximo mandato, el total de compromisos presenta US$ 9.300 millones de reducción respecto de lo que correspondía hasta el momento, quedando un monto a financiar de US$ 19.000 millones. La postergación de estos pagos se visualiza notoriamente a partir del año 2029, donde gran parte de la postergación actual toma un volumen crítico, similar al actual.

El diferimiento y la reducción de compromisos de pago alcanzado a partir de una quita de capital insignificante, del orden de 1,9%, y una reducción de los intereses desde 6,9% a un promedio de 3,7%, genera un punto de partida levemente mejor en términos de stock de deuda y notablemente mejor en cuanto a flujos futuros. Sin embargo, esto no garantiza la sostenibilidad de la deuda.

Por definición, la sostenibilidad de la deuda implica una combinación de tasa de interés, resultado fiscal y crecimiento económico, que permite mantener estable el ratio deuda sobre PIB. Realizando un ejercicio que permite mezclar combinaciones de crecimiento económico y resultado fiscal primario, podemos observar que Argentina lograría estabilizar el nivel de deuda actual a partir de un resultado fiscal positivo del orden del 1% y un crecimiento anual del PBI del 1,5%. Esta premisa “alcanzable” de crecimiento económico, emula la tasa de crecimiento promedio de los últimos 40 años de la economía local. Las combinaciones que impliquen un peor resultado fiscal, necesitarán de mayor crecimiento para no desestabilizar el ratio de deuda sobre PBI actual, cualquier combinación superadora logrará reducirlo y cualquiera a la inversa, agravará la situación.

Según la ampliación de presupuesto enviado al Congreso, la Secretaría de Hacienda está esperando para el cierre de este año un déficit primario del 8,3% del PBI y un desequilibrio fiscal total de 11,2% del PBI, al perforar los más de 3 billones de pesos de déficit. Por su parte, la contracción del PBI para este año podría alcanzar guarismos que se acercan a los récord de caída, en torno a 13 puntos. Dicha combinación plantea un punto de partida con demasiadas exigencias para asegurar un escenario de sostenibilidad en adelante.

Como se hizo alusión al comienzo, los otros dos interrogantes siguen aún siendo una incógnita. Algunos de los últimos datos dados a conocer como la actividad industrial o la recaudación dan cuenta de que el retorno a la normalidad de la actividad económica permite una recuperación notoria frente a los indicadores de los meses previos. Sin embargo, la normalización de la actividad estará estrictamente ligada al frente sanitario, que aún muestra números alarmantes y dejan a muchos sectores sin posibilidad de operar normalmente.

Por otro lado, la falta de acceso al financiamiento está generando desequilibrios monetarios que serán difíciles de revertir. La asistencia al Tesoro Nacional por parte del BCRA fue por un total de $ 1,47 billones, marcando un récord histórico en la monetización del déficit. Si bien el Banco Central puede girar aun cerca de $800.000 millones por la via de utilidades, aumentan las probabilidades de desestabilización macroeconómica. En adelante, la dinámica de la renegociación de deuda local y la posibilidad de mejorar los márgenes para seguir colocando deuda en moneda local será un punto clave para dar mayor consistencia a este escenario. En un plano igual de esencial, estará el acuerdo con el FMI y las exigencias que estos planteen en adelante. Un acuerdo que permita mejorar la imagen del accionar económico del gobierno frente a los mercados internacionales y alinee los parámetros hacia un ordenamiento de la macroeconomía permitirá recibir financiamiento del exterior en un contexto donde la liquidez abundará a raíz de los programas fiscales implementados por la Unión Europea y la Reserva Federal de los Estados Unidos como grandes actores del escenario global.

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