Pasadas dos semanas de la conferencia inaugural de Sergio Massa a cargo del Ministerio de Economía, las dudas que se nos presentaban en aquel momento acerca de la consistencia de sus declaraciones y anuncios comienzan a transformarse en certezas: los números de Massa no cierran. El objetivo ratificado de cumplir con la meta de déficit fiscal primario de 2,5% del PBI firmada en marzo con el FMI no tiene instrumentos concretos que lo respalden y lo han posible. La dinámica fiscal actual nos hace proyectar un déficit primario para fin de año de al menos 3,3% del PBI, es decir que se proyecta un desvío respecto de la meta de casi 1 punto del PBI.
El único anuncio relevante en materia fiscal que había dado Massa en aquella conferencia fue el ahorro en subsidios económicos por una corrección tarifaria que aparentaba ser más ambiciosa que la demorada segmentación de Guzmán. Sin embargo, en la semana se conocieron los detalles de dicha corrección en una conferencia que no logró satisfacer a nadie por la falta de claridad en las exposiciones y la reticencia de los funcionario a hablar sin eufemismos sobre el descalabro tarifario y de precios relativos en que se ha vuelto a meter a la economía argentina.
En concreto, la política de aumentos tarifarios tanto de energía eléctrica como de gas y agua separarán a la población objetivo en tres grupos. Entre ellos, solo el primer grupo enfrentaría una eliminación de los subsidios en sus facturas mientras que para los otros dos los esquemas son tales que en la práctica implicarán que los desembolsos del Estado sigan creciendo en concepto de subsidios económicos. Consultados por el impacto fiscal de los aumentos tarifarios, para este año el ahorro estimado oficialmente es de 49.500 millones de pesos para los tres servicios, mientras que el año próximo llegaría a los 495.000 millones de pesos.
Además, como se aclaró que estos aumentos anunciados son los únicos previstos y que luego los precios volverían a quedar fijos, un nuevo ciclo de atraso real está garantizado durante el año que viene en una economía que está viajando sobre una tasa de inflación del orden del 100% anual. Si no se establece un esquema de sostenimiento de los precios reales, tipo indexación, aún las tarifas del primer grupo demandarán en pocos meses desembolsos del Estado para cubrir la brecha entre un precio congelado y un costo energético en alza. En el caso de la energía eléctrica, una factura por un consumo promedio de la distribuidora EDENOR que aumentaría hasta los 5.217 pesos en los próximos meses, volvería a descender hasta los 2.600 pesos (constantes) durante el año 2023.
Un caso similar, aunque no formó parte de los anuncios de esta última conferencia se observa en el servicio de transporte interurbano. El boleto de colectivo mínimo en el AMBA que pasó de $18 a $25,2 en agosto, sin nuevas actualizaciones volverá a estar por debajo de los $18 de julio en el mes de febrero 2023. Una demostración de la dificultad de corregir precios atrasados en un contexto de alta inflación.
Volviendo al ahorro estimado por la Secretaría de Energía, ¿cuán relevante son los 49.500 millones de pesos de menor gasto en lo que queda del año? Implica un ahorro de tan solo 0,06% del PBI. Contrastándolo contra los 112.000 millones que estimamos costará el bono a los jubilados a lo largo de los meses de septiembre, octubre y noviembre, encontramos que se ahorrará 0,06% PBI en subsidios y se gastará 0,14% PBI más en transferencias a jubilados. Es decir que el déficit no solo no se corregiría, sino que sería más grande que antes de los anuncios del nuevo Ministro de Economía. Ahí es donde viene al rescate el anticipo extraordinario del impuesto a las ganancias para aportar (según estimaciones del IARAF) unos 100.000 millones de pesos a las arcas del Estado nacional (además de lo que irá vía coparticipación a las provincias). El neto de estos tres elementos arrojaría una reducción del déficit fiscal de 0,05% del PBI. Si decimos que el desvío con respecto a la meta es de casi 1% del PBI con 0,05% no estamos ni cerca de empezar. ¿Cuán necesario es el bono a los jubilados? En agosto, por segunda vez desde que se volvió a contar con mediciones confiables, la jubilación mínima no alcanzó para superar la línea de pobreza por adulto equivalente (la primera vez había sido en mayo 2021). La frazada está más corta que nunca.
Este análisis más fino viene a ratificar nuestra impresión de los primeros días de Massa a cargo de Economía. Todo parecería indicar que el nuevo ministro se convenció con la teoría de que lo que estaba desestabilizando las variables financieras y cambiarias que lo llevaron a reemplazar a Batakis era más la política que la economía. SI eso fuera así, entonces con un cambio de nombres y la llegada de una figura de mayor peso político todo se ordenaría, sin la necesidad de llevar acabo medidas de ordenamiento económico de relevancia.
Esa interpretación de los hechos no es coincidente con la nuestra. Si bien claramente la política desordenada agravaba las dinámicas desestabilizantes, los problemas de fondo son económicos y no tendrán solución hasta que no se decida encarar una serie de reformas que logren poner en orden de manera sostenible en el tiempo los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios. Si el gobierno no ve esto, corre el riesgo de confiarse en esta “estabilidad” en la que parece haber entrado la economía en el último mes, que no tiene bases sólidas y puede revertirse en cualquier momento. Un nuevo salto cambiario e inflacionario dejaría a Massa, la mayor apuesta política del gobierno desde el inicio de la gestión, debilitado para conducir el Ministerio hasta diciembre de 2023.