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Este domingo se llevan a cabo las elecciones legislativas generales y, según la gran mayoría de las encuestas, los resultados no sufrirían modificaciones significativas en relación a los de las elecciones PASO del pasado 11 de septiembre. Los indicadores de confianza del consumidor y confianza en el gobierno de la UTDT señalan lo mismo: no tuvieron ninguna mejora que haga pensar al oficialismo que podría mejorar su performance en una magnitud relevante como para cambiar la configuración política de la que se estará hablando desde el lunes. Quizás lo único factible de modificación pueda ser la Cámara de Senadores, dependiendo de los resultados que finalmente se obtengan en las provincias de La Pampa y Chubut.

Desde el punto de vista económico, no sorprendería que los resultados de las PASO se repitieran ya que el gobierno no logró en estos dos meses controlar ninguna variable clave de la economía que le permitiera cambiar el humor del votante medio. Por el contrario, el intento de impulsar la demanda agregada vía expansionismo fiscal financiado con mayor emisión monetaria resultó en un aumento de la inflación y del ritmo devaluatorio del peso en los mercados paralelos, pérdidas de reservas internacionales y un crecimiento del riesgo país. Mientras que el dólar blue había respondido positivamente el primer día posterior a las PASO, a partir de la crisis política del oficialismo y el inicio de los anuncios de mayor gasto público, avanzó durante las últimas semanas desde los 180 pesos por dólar hasta alcanzar en el día de ayer los 207 pesos. El riesgo país subió de 1.500 puntos básicos a 1.750 a lo largo de estos dos meses y la tasa de inflación mensual que había logrado quebrar el 3% en agosto volvió a marcar 3,5% tanto en septiembre como en octubre. La inflación núcleo, por su parte registra 13 meses consecutivos por encima del 3% mensual, marcando un récord no observado desde la década del 80 e indicando que Argentina esta ingresando en un nuevo régimen inflacionario con una inercia del orden del 50% anual.

Este mal desempeño de la economía durante los últimos dos meses no fue producto del resultado electoral sino de la respuesta del oficialismo a dicho resultado. Como dijimos, las primeras ruedas del mercado, una vez conocida la derrota del oficialismo, fueron positivas: el dólar y el riesgo soberano bajaban y las acciones se recuperaban. Es por ello que no creemos que haya una sorpresa en los mercados si el resultado electoral se repitiera sin grandes diferencias este domingo. Otra vez, la dinámica de la economía y los mercados estará determinada por la reacción del gobierno ante el resultado electoral definitivo.

¿Cuáles son los caminos que puede tomar el gobierno luego del domingo y en vista a los dos años de mandato de Alberto Fernández que restan? Con mayor o menor probabilidad las opciones que se le abren al gobierno son tres, que podríamos definir como:

  1. Giro racional u ortodoxo
  2. Mayor radicalización
  3. Aguantar

Dada la conformación política de la coalición gobernante y los comportamientos hasta el momento, el camino del giro ortodoxo luce casi imposible de realización. Con una probabilidad de ocurrencia tendiendo a cero, este camino implicaría un cambio rotundo del enfoque que el gobierno viene teniendo hasta el momento con respecto a la política económica, se deberían modificar incluso medidas tomadas hace muy poco tiempo, pero sería el camino más directo para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y reperfilar el esquema de vencimientos con el organismo multilateral. Seguramente un giro de este tipo debería ser acompañado por un cambio en la conducción del equipo económico, con el ingreso de algunos nombres de peso.

Implicaría en términos generales implementar una gran cantidad de reformas que son las que la economía argentina necesita para salir de una vez por todas de la segunda década perdida de su historia (el PBI per cápita se encuentra 15% por debajo de los valores de hace diez años). Difícilmente la cohesión interna resista un cambio tan drástico más aun teniendo en cuenta que en el corto plazo se deberán pagar costos altos en términos de ajustes económicos que solo comenzarían a dar resultados positivos en el mediano plazo. Si una derrota tan dura en las elecciones de medio término hace difícil imaginar un segundo mandato del Frente de Todos, ¿por qué pagar el costo de comenzar un ajuste conducido por la política si los resultados los usufructuará otro gobierno?

El segundo camino posible es el de una mayor radicalización. Si el gobierno decide explorar esta vía lo empezaremos a saber con el correr de los días en caso de que se concreten algunos rumores de cambios de gabinete que han estado dando vueltas en las últimas semanas. Este camino consistiría en una profundización del esquema de los últimos dos meses: congelamientos de precios y tarifas, mayor represión financiera y cambiaria y niveles de emisión monetaria necesarios para cubrir el desequilibrio fiscal. Desde luego que con esta elección se estaría rompiendo por completo las relaciones con el Fondo Monetario Internacional ya que no es posible un acuerdo con el organismo con estas premisas, y el ingreso al default con el organismo estaría asegurado.

Bajo este escenario la brecha cambiaria continuaría ampliándose y más temprano que tarde las reservas netas del Banco Central se terminarían por completo (en la última semana el BCRA vendió casi 650 millones de dólares, equivalentes al 20% de su stock de reservas netas), empujando al equipo económico a sincerar la tasa de cambio oficial con un salto abrupto y sin capacidad de control al quedarse sin reservas para intervenir. Esto desembocaría en una fuerte crisis económica con aceleración inflacionaria que podría llevar a la tasa de variación de precios a niveles verdaderamente preocupantes, caída de los ingresos reales de la población y un deterioro mayor de las condiciones sociolaborales. Si bien la retórica del oficialismo, intensificada en las últimas semanas, hace pensar que este camino tiene una alta probabilidad de ocurrencia, el instinto de supervivencia política indica que algún grado de razonabilidad tiene que llevar a la conducción del gobierno a evitar este camino de crisis asegurada y en el cual se sabe cómo se ingresa, pero no cómo se sale.

Un camino intermedio entre “hacer todo lo que la economía necesita para comenzar a solucionar los problemas” y “hacer todo lo que la economía necesita para desembocar en una crisis aun mayor” parece el camino con mayor probabilidad de ocurrencia para los próximos meses. ¿En qué consistiría esto? Básicamente no se encararía ninguna solución de fondo de los múltiples desequilibrios que tiene hoy la economía argentina, pero al menos se procuraría no continuar agravándolos como en los dos últimos años. Se intentaría lograr un “acuerdo light” con el Fondo Monetario para despejar el horizonte de vencimientos y poder acceder a dinero fresco de otros organismos internacionales, como está planeado en el Presupuesto 2022 (que aún el Congreso no trató ni siquiera en comisiones) y a cambio el gobierno se comprometería a detener el proceso de distorsión de precios relativos, hacer algunas modificaciones al esquema cambiario vigente e intentar contener las demandas sociales.

Esto implicaría en materia cambiaria ir hacia un crawling peg más rápido que el 1% mensual que observamos desde mayo pasado para hacerlo coincidir con la tasa de inflación mensual y que el tipo de cambio real deje de atrasarse (desde mayo cayó 12,5%) y probablemente un levantamiento de algunas restricciones cambiaria que podría llevar a un desdoblamiento del mercado con un segmento comercial controlado y un segmento financiero libre. Con respecto a los precios controlados como el de las tarifas públicas, difícilmente se avance hacia una recomposición del precio real de las tarifas perdido en los dos últimos años, pero sí se podría llegar a negociar una actualización a un ritmo más cercano al de la inflación general para intentar limitar el atraso tarifario en los dos próximos años. Para tomar noción de este fenómeno, si durante 2022 y 2023 se repitiera el atraso tarifario de 2020-2021 en el año 2024 habría que multiplicar por cuatro el valor de una factura de electricidad en el AMBA para que este vuelva a los valores reales del 2019.

Desde luego que estas medidas llevarían a la economía a un nuevo escalón inflacionario más alto que el que tenemos hoy y cercano quizás a una tasa de inflación interanual del 65%/70%, lo cual políticamente implica un gran desafío para transitar dos años más de gobierno. Sin embargo, este sería el costo que el gobierno pagaría para minimizar las probabilidades de una crisis abrupta que lo pueda tomar por sorpresa en algún momento de los próximos meses, situación que sería mucho más grave de manejar en términos políticos internos y en términos sociales.

Una vez conocido el resultado electoral el gobierno deberá optar por alguno de estos tres caminos, o por alguna combinación de estas opciones balanceando los intereses de todos los integrantes de la coalición de gobierno a corto y largo plazo. Más allá de los movimientos políticos hacia la oposición en esta idea del “diálogo nacional” que está tomando cada vez más atención pública será crucial un análisis realista de los condicionantes y los riesgos que enfrenta la macroeconomía argentina sumado a un escenario internacional cambiante.

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