Esta semana se dio a conocer un nuevo dato de pobreza. La medición del INDEC reflejó que durante el primer semestre del año el 40,6% de la población argentina tuvo ingresos que no llegaron a superar el umbral mínimo que establece la línea de pobreza. Esto significa aproximadamente unas 18,5 millones de personas. A su vez, la medición de la indigencia fue de 10,7%, con una pequeña suba en relación a la medición anterior, significando que unas 4,8 millones de personas no alcanzaron a cubrir las necesidades alimenticias más básicas.
Tanto los indicadores de pobreza como de indigencia vienen mostrando, con subas y bajas transitorias, un deterioro tendencial desde el año 2011. Los picos en ese período se registran en la recesión de 2014, la crisis externa en 2019 y la crisis de la pandemia que parece haber puesto a la pobreza en un nuevo piso del 40% difícil de quebrar.
Este último golpe económico significó en términos de pobreza un incremento de 5 puntos porcentuales entre 2019 y la primera parte de 2021. Simultáneamente el índice Gini, que es un indicador de la desigualdad de ingresos de la sociedad, arrojó el mismo valor en el primer semestre de 2021 que en el primer semestre de 2019. Es decir que la distribución del ingreso no ha empeorado a pesar de la fuerte recesión económica. Esta observación es de suma relevancia para evaluar los diagnósticos apresurados y sin sustento que muchas veces suelen hacerse sobre las causas del deterioro social.
Si la distribución del ingreso generado en la economía es la misma que hace dos años, pero se registra un 5% más de personas en la pobreza entonces no hay dudas de que el problema social es un derivado de la caída del ingreso generado por la economía o, en términos más claros, de la imposibilidad de crecer que muestra la economía argentina y no de un problema de aumento de la desigualdad en la distribución del producto generado. Para reforzar esta idea se puede observar en el siguiente gráfico la variación de los ingresos reales de la población entre el primer semestre del 2019 y el primer semestre del 2021. A lo largo de toda la estructura de ingresos, se registra una caída de entre el 9,2% y el 10,4% real del ingreso per cápita familiar, que incluye no solo los ingresos laborales sino también todo el resto de los ingresos que provienen de fuentes no laborales como jubilaciones y pensiones, alquileres, rentas financieras, ayudas en dinero de privados, transferencias o ayuda social del gobierno, entre otras. Es decir que no ha habido una diferencia significativa entre la caída de los ingresos para algún segmento de la población en particular, sino que el ingreso promedio de toda la economía se resintió.
Si nos concentramos únicamente en la evolución del ingreso laboral, medido por la ocupación principal, entonces sí se registra un comportamiento desigual entre los estratos sociales. Mientras que el ingreso real proveniente del trabajo cayó 4% entre el primer semestre de 2019 y el primero de 2021 para los deciles 8-10 la caída fue del 10,3% para los deciles más pobres. Este comportamiento es esperable ya que los trabajadores de los estratos más bajos se desempeñan en actividades laborales de menor productividad, con trayectorias laborales más volátiles, generalmente sin estar registrados y en sectores cuyo funcionamiento se vio mucho más restringido durante los meses de cuarentena extrema que el promedio de las actividades económicas (el 25% de las personas que hacían trabajos de servicio doméstico en 2019 todavía no lo han recuperado, por ejemplo)
La asistencia estatal, aún con todas sus fallas, habría conseguido proteger en mayor medida el ingreso familiar de los sectores más pobres y eso es lo que explica que habiendo perdido el 10,3% del ingreso laboral, la reducción del ingreso familiar haya sido solo del 9,6% en los deciles 1 al 4. Es decir, no sirvió para mejorarles los ingresos, pero sí para evitar una caída más profunda que probablemente se hubiera dado en ausencia de las transferencias estatales. En los segmentos de mayores ingresos, donde la participación de la asistencia estatal como porcentaje del ingreso total es significativamente menor, el ingreso total cae 10,4% con una contracción del ingreso de la ocupación principal de solo 4%.
Por el lado de la ocupación también encontramos indicios para explicar esta dinámica. La tasa de empleo promedio de los dos primeros trimestres del año fue un punto porcentual menor a la del primer semestre de 2019. Dada la población actual esa caída implica que más de 400 mil personas han perdido su fuente laboral. Es decir que no solo quienes mantienen el empleo han visto erosionado su poder adquisitivo como consecuencia de la aceleración inflacionaria, sino que a ese efecto de menores ingresos hay que sumarle el impacto de la pérdida total de ingresos laborales para muchas personas. Un tercer factor para tener en cuenta es el cambio en la calidad del empleo de quienes se mantienen ocupados. Mientras que hace dos años del total de ocupados el 74,3% era asalariado, hoy ese porcentaje ha bajado al 72,2% incrementándose el empleo por cuentapropia como una forma de adaptación ante la pérdida del empleo asalariado.
En definitiva, a pesar de mantener cierto grado de igualdad social los números muestran que el ingreso de todas las personas se ha deteriorado en los últimos dos años. Analizando la última década, vemos que la argentina es una sociedad aún bastante igualitaria pero cada vez más pobre. Si este es el diagnóstico, entonces toda la política económica debería plantearse en torno a dos objetivos muy claros. El primero, evitar una nueva crisis macroeconómica. Todos los saltos de la pobreza en los últimos años se han dado en episodios de crisis, por lo que diseñar la política económica de forma tal de minimizar la probabilidad de ocurrencia de una nueva es el pilar central para ponerle un techo a la pobreza. En segundo lugar, reconfigurar un escenario que habilite la posibilidad de recuperar una senda de crecimiento liderada por el sector privado, para que la economía sea capaz de generar un nivel de ingresos más alto. Ambos objetivos están muy lejos de alcanzarse hoy. Por el contrario, la evolución de variables macroeconómicas fundamentales indica que la probabilidad de volver a experimentar una crisis macro en el corto plazo está aumentando. Si ello finalmente ocurriera entonces sería inevitable que la pobreza vuelva a crecer.