Esta semana volvió a formar parte de la agenda económica la actualización de las tarifas de los servicios públicos, en el marco de las audiencias públicas para definir los aumentos de los próximos meses. Como tantos otros de la política económica argentina, el tema de las tarifas está en un loop permanente sin encontrar solución.
En estos días se llevaron a cabo las audiencias por la tarifa del gas de red y a fin de mes tendrán lugar las de la tarifa de la energía eléctrica. En este marco, el interventor del ENARGAS confirmó una interna más en la coalición gobernante. Mientras que, desde la presentación del presupuesto en septiembre del año pasado, el Ministro Guzmán ratifica en cada ocasión que puede que el objetivo de su cartera es actualizar las tarifas para que los subsidios económicos no crezcan en términos del PBI, el interventor del Ente puso el foco en la justicia distributiva y los servicios públicos como derechos humanos. Esta abundancia de calificativos y la ausencia de precisiones técnicas sobre costos, precios y márgenes confirma que el objetivo del “ala cristinista” es congelar o subir lo menos posible el valor de las tarifas al menos durante los meses pre-electorales. De esta manera al atraso que se verificó durante el año pasado se sumaría casi un año entero de congelamiento nominal con suba de costos, es decir, otra cuota de atraso real en el precio de los servicios públicos.
Concentrándonos exclusivamente en los aspectos que hacen a la evolución de la tarifa eléctrica, observamos que las últimas actualizaciones en el precio pagado por la generación y transporte fueron en febrero del 2019, es decir hace ya más de dos años. Durante todo el 2020, primero como consecuencia de “la difícil situación heredada” y luego como consecuencia de la pandemia, el cuadro tarifario para los usuarios del AMBA se mantuvo sin cambios. Esto llevó a un primer año de retroceso en el porcentaje del costo cubierto por la demanda simultáneamente con un crecimiento muy fuerte de los subsidios. Esta última fue la partida del presupuesto nacional que mayor crecimiento registró durante el año pasado (excluyendo los programas de emergencia para atender las consecuencias de la cuarentena). Así, los subsidios a las tarifas crecieron más de 100% nominal, 45% en términos reales y saltaron del 1,6% del PBI en 2019 al 2,6% del PBI en 2020.
Como se observa en el gráfico, desde la salida de la convertibilidad, que implicó la ruptura de todos los contratos vigentes hasta el momento, la política energética del Kirchnerismo buscó deliberadamente congelar el precio a la demanda con el objetivo de generar un efecto ingreso positivo e impulsar la demanda agregada. Hasta el año 2005 se había intentado mantener algún tipo de equilibrio y el atraso no había sido tan significativo. Sin embargo, desde el año 2006 se profundizó la tendencia. De esta manera, se llegó al 2015 en una situación inédita en la historia económica del país. En aquel año, el precio pagado por la demanda a la generación de energía eléctrica representaba solo el 15% del costo total. Semejante distorsión de precios relativos no había ocurrido ni siquiera durante el primer gobierno peronista, el cual típicamente era el episodio de referencia en la historia económica argentina hasta este momento. A partir de allí, y hasta el año 2019, se recompuso el costo absorbido por la demanda hasta llegar al 64%. Sin embargo, el año pasado bajó 10 pp y este año volvería a descender y se ubicaría por debajo del 40%, retrocediendo hasta niveles similares al del año 2007.
La estructura tarifaria del servicios de energía eléctrica se divide en tres segmentos: la generación y transporte de la energía, la distribución y la carga impositiva. La parte de la generación y el transporte está regulada por el Estado nacional y, por ende, afecta a todo el territorio nacional. Sin embargo, la distribución y la carga impositiva es injerencia de las distribuidoras provinciales, de las provincias y de los municipios. La única excepción son las distribuidoras Edenor y Edesur que al prestar servicio en el AMBA están reguladas también por el Estado nacional. Esta es la explicación sobre el diferencial que se registraba en las facturas de electricidad entre el interior y la capital y el Gran Buenos Aires. Mientras que, para estos últimos, todas las partes de la tarifa estaban congeladas por decisión del Estado nacional, en las provincias el congelamiento impactó únicamente en la generación y transporte, quedando a voluntad de las distribuidoras y los entes reguladores provinciales la política tarifaria del segmento de distribución. De todas maneras, esto significa que aun cuando en el interior se pagaban tarifas más altas que en el AMBA, al tener la generación y el transporte congelados, sus tarifas también habían sufrido un fuerte atraso real y debían ser actualizadas.
A modo de ejemplo, una factura de electricidad por un consumo promedio de 250 Kwh mensuales experimentó un atraso del 70% en Paraná, Entre Ríos (ENERSA), mientras que el atraso llegó al 92% en la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Conurbano (EDENOR) entre los años 2000 y 2015. El diferencial en el nivel tiene que ver con los mayores costos de distribución en el interior del país (al tener una menor densidad poblacional) pero principalmente a una carga tributaria significativamente superior. Mientras que en CABA, sobre el consumo efectivo de energía se carga menos del 30% de impuestos locales y nacionales, en la ciudad de Paraná la carga tributaria por encima del consumo eléctrico llega casi al 70% entre impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales.
Volviendo a la dinámica del precio real de las tarifas se observa que, luego de cuatro años de recomposición tarifaria, el año pasado las tarifas tuvieron una caída real de casi 30% en el AMBA y 20% en el interior. Suponiendo un congelamiento absoluto o un aumento limitado para este año, el precio volvería a atrasarse y en el caso del AMBA el precio real pagado por los consumidores sería 50% menor que en 2019, lo que equivale a unos $1.000 mensuales. En Entre Ríos el atraso sería de 40% en relación al precio de 2019, equivalente a unos $1.700. Es decir que, solo para volver a una situación algo más equilibrada, como la vigente en 2019 el precio pagado por los usuarios de energía debería subir este año entre un 100% y un 138% para el interior y el AMBA respectivamente. Algo directamente imposible en un año electoral bajo la lógica del oficialismo.
Vale recordar que estas sucesivas rondas de atrasos e intentos de recomposición tarifarias se dan a su vez en un contexto en el que el costo de la energía ha aumentado a nivel internacional en las últimas décadas. A modo de ejemplo, mientras que el barril de petróleo rondaba los 20 dólares a inicios de los 2000, hoy se encuentra por encima de los 60 dólares. Esto significa que aún si nunca hubiera ocurrido un período de atraso tarifario, el aumento de la energía sería inevitable. Si consideramos que seguramente los próximos dos años sean de atraso tarifario, entonces lo único seguro es que en pocos años estaremos, otra vez, hablando de “tarifazos” para intentar recomponer los precios reales de la energía.