El mes de diciembre terminó con importantes aumentos en las tarifas de electricidad y gas, enero arrancó con aumentos en el precio de las naftas y otros combustibles y febrero dio inicio a los incrementos en el trasporte urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que se extenderán hasta junio. Además, el servicio de agua potable tendrá un incremento del 20% en mayo, la electricidad volverá a aumentará un 16% en febrero, el gas 25% en abril, el ferrocarril tendrá aumentos en febrero, abril y junio y el subte también en abril y junio.
Todos estos aumentos son parte del reacomodamiento de precios relativos que están llevando a cabo distintos ministerios, con el objetivo de acercar el precio que pagan los usuarios por estos servicios al costo que implica su producción y la ganancia de las empresas prestadoras, esencial para mantener una tasa de inversión acorde al mejoramiento constante de las prestaciones. Por otro lado, parte de la diferencia entre el precio que pagan los usuarios y el ingresos de las empresas es cubierto por el Estado nacional mediante subsidios. Justamente estos subsidios, que crecieron de manera alarmante durante la última década (llegando a representar casi 5 puntos porcentuales del PBI), son en gran medida responsables del déficit fiscal, el desequilibrio macroeconómico más importante que enfrenta el equipo de gobierno.
¿Cómo fue que se acumularon estos desequilibrios y atrasos en los precios de los servicios públicos? Con la salida de la convertibilidad, y luego de la crisis del año 2002 que, entre otros factores, se caracterizó por una abrupta caída de los ingresos reales de las personas (a causa de una inflación del 40% con ingresos nominales casi fijos), el gobierno de Duhalde, primero, y el de Néstor Kirchner, después, decidieron congelar el precio de los servicios públicos para compensar la situación. Es decir, con precios generales que se incrementaban fuertemente, una medida de corto plazo para amortiguar el golpe sobre los salarios reales era congelar aquellos precios sobre los cuales el gobierno tiene poder de control.
Luego, con el correr del tiempo y recuperada la actividad económica y los ingresos reales, la misma estrategia continuó siendo utilizada en forma desmedida para, por un lado, generar un mayor ingreso real a la población y así sostener el crecimiento del consumo a tasas más altas y, por otro lado, contener un proceso inflacionario que desde el año 2006 comenzaba ya a mostrar cifras de dos dígitos. Sin ánimo de enfrentar el problema de raíz el gobierno kirchnerista acudió a “pisar” precios importantes de la economía como el de los servicios públicos para contrarrestar el alza del resto de los precios y lograr así una tasa de inflación contenida. Sin embargo, este efecto de corto plazo se volvería en contra en el mediano plazo debido a que el déficit fiscal, que se explica en gran medida por el gasto en subsidios, fue financiado con emisión monetaria, alimentando un proceso inflacionario que ya lleva más de 10 años.
Para tomar dimensión del atraso de algunos precios regulados de la economía, se presenta a continuación un gráfico con la evolución del precio real del boleto mínimo de colectivo urbano del AMBA. El mismo está expresado en pesos constantes de febrero de 2018, establecido en $8 luego del reciente aumento. Puede apreciarse muy claramente que los $8 de hoy en día representan un precio muy inferior al que estaba vigente en el año 2001, antes de iniciarse el proceso de atraso. En términos concretos, antes del derrumbe de la convertibilidad, el boleto mínimo de colectivo que hoy es de $8 era de $21, un 160% más alto.
Otro factor a destacar es que el atraso en el precio real del boleto de colectivo llegó a su máximo hacia finales del año 2012 cuando, en pesos de hoy, el boleto costaba tan solo $4,23, un 20% del precio de 2001. Desde ese momento comenzó lentamente a revertirse mediante decisiones de incrementos del precio del boleto. Para el resto del año están programados nuevos aumentos, hasta llegar a $10 para junio. Así, para fin de año, el boleto estará, en términos reales, al mismo nivel que en el período 2007-2009 cuando el atraso ya era muy importante. Esto implica que, para acercarse al menos a un precio que demande menos subsidios por parte del Estado nacional, aún faltarán algunos años más de aumentos graduales como los programados para el corriente año. Otra manera, sencilla y directa, de visualizar esto es comparar el precio del colectivo del AMBA con el de las ciudades del interior del país, que, en muchos casos, duplican al boleto actual que pagan los porteños y bonaerenses.
Este fenómeno graficado con el caso del boleto de colectivo se replica para todos los servicios: electricidad, agua, gas, etc. Aunque es cierto que, con estos, los aumentos recientes han sido más significativos y la corrección está más avanzada.
Otra manera de ver el fenómeno es mediante el análisis de los componentes del índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente no se cuenta con una serie larga, pero en el siguiente gráfico puede verse que, respecto al 2012, año en el cuál estimamos que el atraso de todas las tarifas llegó a su máximo (como se observa claramente con el caso del colectivo), hacia diciembre del año pasado, el conjunto de precios regulados se había incrementado un 40% más que el resto de los precios.
Mantener aumentos de estos precios por encima del promedio por varios años más es la forma de desandar el camino del atraso tarifario, descomprimir en parte el déficit fiscal y generar las condiciones para incrementar la inversión de las empresas en estos servicios.
Desde luego que este proceso de reacomodamiento, que desde el punto de vista de la eficiencia asignativa de los recursos es incuestionable, tiene implicancias redistributivas importantes; sobre todo cuando se afectan precios que forman parte de la canasta de consumo cotidiana (como el boleto de tren o colectivo) de los sectores más pobres de la sociedad. Para subsanar este fenómeno, se ha puesto en funcionamiento desde el año 2016 la tarifa social. Si el gobierno logra avanzar en eficiencia y en redistribución, sin complicar otros objetivos (como el de la desinflación) podrá marcar como un éxito la política de reacomodamiento tarifario. Aún resta tiempo para ello.