La semana concluyó con el anuncio por parte de la Mesa de Enlace de un paro de comercialización de granos y carnes por cuatro días a partir del próximo lunes. Esta fue la reacción de la conducción de las cuatro entidades principales del sector ante la nueva política tributaria del gobierno. Con idas y vueltas, ley de emergencia, decretos y reuniones, el nuevo esquema de retenciones implica, en relación al decreto de diciembre de 2019, una reducción en casi todos los productos menos en soja. Pero, en relación a las retenciones establecidas por el gobierno de Mauricio Macri y vigentes para la campaña 2018/2019 y al momento de tomar las decisiones de siembra de la campaña 2019/2020, implica aumentos significativos para los productos más tradicionales y representativos.
Para casi todos los productos denominados regionales los cambios implican las mismas alícuotas que estarían vigentes con el decreto 793/18, y alguna reducción para el caso del arroz, para un tipo específico de girasol (el de menor producción) y para el maíz envasado. En el siguiente gráfico puede visualizarse de forma clara el aumento en las alícuotas aplicadas sobre 12 productos en relación al esquema vigente hasta hace menos de tres meses. Esos productos constituyen el corazón del volumen productivo del sector agroindustrial. Los casos más importantes son el aumento de los derechos de exportación de soja en 8,6 puntos porcentuales, maíz, trigo y sorgo en 5,6 puntos porcentuales; y carnes y leche en polvo en 4,2 puntos porcentuales.
El reclamo de los productores responde a una situación más global. Al mismo tiempo que se incrementa el peso de los derechos de exportación sobre los principales productos del sector, no se establece una fecha de eliminación clara como hasta el año pasado. Según la ley llevada al Congreso por el gobierno de Cambiemos en 2018 las retenciones serían eliminadas (excepto para la soja) el 31 de diciembre del 2020. Hoy, en cambio, no hay ninguna fecha de caducidad establecida. En simultáneo, la suspensión del Consenso Fiscal con las provincias abortó el proceso de reducción de alícuotas de IIBB que, para el sector agropecuario, deberían haber llegado al 0% en este año. Complementariamente, los controles cambiarios y la brecha existente entre el dólar oficial, al que no se puede acceder libremente para atesoramiento, y el paralelo o CCL genera una pérdida adicional para aquellos productores que desean mantener sus ingresos en moneda dura. Por si esto fuera poco, dado el complejo escenario internacional, los precios de mercado están en retroceso desde hace al menos dos meses y las perspectivas no lucen alentadoras.
El principal argumento por parte del gobierno tiene que ver con la debilidad fiscal de las cuentas públicas. Como analizáramos recientemente, durante el primer mes del año, y por primera vez desde el 2015, la situación primaria y total fue deficitaria. Conocidos también los datos de evolución de la recaudación de febrero se encienden las alarmas en el Ministerio de Economía sobre la posibilidad de mantener la situación fiscal heredada en un contexto de debilidad recaudatoria y partidas presupuestarias que están tomando una velocidad peligrosa. En enero, las prestaciones sociales aumentaron un 62% y los gastos destinados a cubrir los subsidios a la energía eléctrica tuvieron un salto del 125%.
Lo cierto es que más allá de las necesidades fiscales, el equipo económico no debería olvidarse de la otra restricción que enfrenta la economía argentina: la restricción externa o falta de dólares. Durante el reciente período de reducción/eliminación de los derechos de exportación, los dólares aportados por los principales productos favorecidos del agro crecieron más de 80%. Durante este período los precios internacionales se mantuvieron estables o incluso con tendencia a la baja por lo que el salto exportador respondió exclusivamente a un incremento notorio en las cantidades producidas y vendidas al exterior. Comparando el año 2019 con el año 2015, en conjunto los complejos exportadores maicero, triguero, cárnico, avícola, pesquero y de girasol, aumentaron sus exportaciones de 8.860 millones de dólares a 16.150 millones de dólares.
Las nuevas retenciones tendrán efectos a corto y mediano plazo. La recaudación tributaria específica aumentará en relación al año pasado. Pensando en la próxima campaña y según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires las nuevas alícuotas tendrán costos en términos de volúmenes producidos, volúmenes exportados y actividad general. La recaudación por derechos de exportación aumentaría en unos 1.236 millones de dólares en relación al esquema establecido en el decreto 793/18 del año 2018. A su vez, en relación a las retenciones de diciembre último implicarían un aumento de 330 millones de dólares.
Para la campaña 2020/2021, y teniendo en cuenta a los principales seis cultivos agrícolas, los efectos negativos del aumento de las retenciones se reflejarían en 636.000 hectáreas menos sembradas, 2,3 millones de toneladas menos de producción (explicada sustancialmente por la retracción de la soja) y 843 millones de dólares menos de exportaciones.
Observando las dinámicas de precios del mercado internacional, los cambios en las retenciones y las particularidades de cada momento del mercado cambiario con una óptica temporal más amplia, podemos identificar que una vez descontado el efecto de las retenciones y el efecto cambiario (que surge de una cosecha liquidada a dólar oficial al cual luego no se puede acceder para volver a dolarizar los saldos) actualmente el precio recibido por el productor en dólares se encuentra en mínimos históricos comparables con el período final de 2014, el año 2015 y el período del final de la convertibilidad.
En el gráfico se representa en línea negra el precio de mercado, en línea gris el precio local en dólares una vez descontadas las retenciones que debería coincidir con el precio recibido finalmente por el productor. Pero, en períodos de controles y desdoblamiento cambiario entre el precio local y el precio finalmente en manos del productor en dólares descuenta también la brecha entre el dólar oficial y el de libre acceso.
Este efecto extra genera una divergencia entre el precio internacional y el recibido por el productor que excede a la alícuota de las retenciones oficiales y es como si existiera una alícuota efectiva de retención mayor. Con una retención oficial de 33% y con los valores actuales del dólar libre, la retención efectiva al cultivo de la soja sería de un 48% aproximadamente. Para los casos del trigo y del maíz ocurre algo similar, llevando la retención del 12% a un valor superior al 30%.
Ciertamente los dólares finalmente recibidos por el productor tienen un poder de compra interno diferente en cada momento que está dado por el tipo de cambio real. Entre los años 2002-2006, por ejemplo, el tipo de cambio real multilateral era significativamente más alto que el de la convertibilidad y el actual por lo que el poder de compra de los productores en pesos era mayor. Actualmente el tipo de cambio real es mayor que a fines de 2014/2015, sin embargo, la tendencia de los últimos meses es a la apreciación. Un proceso inflacionario que aún no muestra señales duraderas de ser controlado y un cepo cambiario que mantiene la cotización oficial por debajo de la tasa de inflación ha provocado que en los primeros tres meses de gobierno el TCRM baje un 5%.
El gobierno, antes de cumplir sus 100 días en funciones ya ha abierto un frente duro de batalla. Más allá de las cuestiones políticas que puedan alegarse al respecto, lo cierto es que las condiciones internacionales e internas para el sector agroindustrial ya nos son las mismas que en los primeros años del gobierno de Cristina Fernández. No reparar en ello podría hacerle cometer un grave error al gobierno dañando al sector aportante de divisas por excelencia en la economía argentina.