Economía
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Un repaso por los controles de precios

29 de noviembre

Argentina se encuentra ante un inminente cambio de mandato al tiempo que atraviesa el peor proceso inflacionario desde comienzos de los años 90. El nuevo gobierno comenzará su gestión con el desafío de desacelerar la inflación que corre a un ritmo de 55% anual y con la necesidad de sanear al mismo tiempo su agujero fiscal. Si bien ya mencionamos en informes previos que no es posible comparar este nivel de inflación con la de períodos previos, dada la corrección de precios relativos y el tipo de cambio libre, el desafío de frenar la nominalidad es grande y la combinación de falta de acceso al mercado con una baja demanda de dinero juegan en contra de este objetivo.

Probablemente, y como ya ha ocurrido en otros momentos de la historia local, la primera medida en esta dirección apunte hacia un acuerdo de precios y salarios, en el cual las tres partes involucradas (Gobierno, empresarios y gremios) se pongan de acuerdo en sostener ciertas variables para que la economía pueda encausar un sendero de expectativas de inflación a la baja, en donde cada uno deberá ceder en la puja nominal, pero en términos reales los costos no serán equitativos. Estarán involucrados los salarios, las tarifas, el tipo de cambio y los precios de los bienes de mayor difusión. Ahora cabe preguntarse si estos acuerdos en realidad funcionan.

Lo cierto es que en la mayoría de los países los controles de precios se utilizaron de manera excepcional, ante circunstancias bélicas o casos de emergencia para luego ser abolidos. En Argentina es diferente.

Podríamos destacar distintos tipos de acuerdos y controles de precios que se han ejercido a lo largo de la historia argentina, quizás sin demasiado éxito. Dentro de estos se destacan: los precios vigilados, es decir, la obligación de comunicar periódicamente las modificaciones de precios a las autoridades de aplicación. Los Concertados, entre los que el Estado y las empresas productoras y comercializadoras debían acordar previamente ante una eventual modificación. Luego, los precios Controlados para los que se debía obtener la aprobación previa de la autoridad de aplicación antes de aumentarlos. Los precios Máximos, donde el Gobierno fijaba límites máximos para ciertos productos y, por último, los congelamientos transitorios y generalizado de los precios.

A su vez, podemos destacar 5 diferentes períodos de acuerdos de precios que fueron relevantes desde 1950 hasta la fecha. Esta rueda se inauguró en el año 1952, bajo el Segundo Plan Quinquenal, a través del “Plan económico” cuyo objetivo principal fue el de detener la inflación. Para eso creó una comisión nacional de precios y salarios y se instauró un sistema de negociaciones salariales bianuales, que empezó con una fuerte caída de los salarios reales. Además, se realizó un plan de austeridad, en donde el gasto público cayó 23% en términos constantes entre 1950 y 1953, al tiempo que se retrasaron las tarifas de servicios públicos y se aumentaron los subsidios en bienes básicos. En 1955, ya con un gobierno de facto, la situación externa se volvió insostenible, por lo que el plan del gobierno era contraer el déficit de empresas públicas y aplicar una fuerte política monetaria. Nada de esto pudo ser sostenido por la situación social, y la inflación volvió a dispararse finalizando el año 1958.

El segundo comenzó en 1967, cuando la inflación rondaba niveles similares a los observados el día de hoy, en el cual se aplicó un congelamiento voluntario de precios centrado principalmente en productos industriales. El lapso del acuerdo fue originalmente de 6 meses, mientras que el congelamiento de salarios fue de 18 meses por ley. Además, se fijó un esquema de tipo de cambio fijo y se frenó el aumento de las tarifas públicas. Luego, el programa fue complementado por políticas de precios máximos para productos de primera necesidad. Tras sufrir el impacto del precio de la carne (+100%), se permitieron aumentos del 40% en los salarios y se devaluó fuertemente la moneda. Tras la introducción del peso Ley 18.188, el déficit del Estado se duplicó y las brechas entre los tipos de cambio mermaron el proceso de desinflación.

El tercero comenzó bajo el mando de José Ber Gelbard en el año 1974, que arrastraba una inflación cercana al 80%. El gobierno aplicó un programa de precios y salarios en la denominada Acta de Compromiso Nacional, que fue firmada por trabajadores, empresarios y el gobierno. El objetivo de este fue establecer una nueva distribución del ingreso en favor de los trabajadores, a través de un aumento en los niveles salariales y de las asignaciones familiares, que luego se trató de mantener a través de la intervención sobre el proceso de formación de precios. Al poco tiempo, la falta de consistencia con una política monetaria y fiscal expansiva generó tensiones entre las partes componentes del acuerdo y un fuerte retraso en las tarifas y el tipo de cambio, lo que desembocó luego en una marcada aceleración inflacionaria hacia mediados de 1975.

Los dos ejemplos siguientes son los de mayor punto de partida de inflación. En la etapa inicial de 1976, cuando la inflación corría a un ritmo superior al 300% se realizó una devaluación del 20% con el objetivo de unificar el tipo de cambio, se derogaron los precios máximos y los márgenes oficiales para el comercio minorista. La política salarial se basó en la suspensión de convenciones colectivas y de las indexaciones automáticas de salarios. Los aumentos eran autorizados por el Estado. Se hizo un ajuste basado en el aumento de tarifas de servicios públicos y se prometió avanzar con el programa de reducción del gasto, lo que llevó rápidamente la inflación a descender al 100% (aún elevado). Como eso no fue suficiente se introdujo el esquema de la tablita cambiaria: cronograma de evolución del tipo de cambio, una reducción gradual de aranceles de importación y un cronograma de aumentos gradual de las tarifas de los servicios públicos. Sin embargo, el desequilibrio fiscal y monetario y las consiguientes distorsiones de precios relativos hicieron insostenible el esquema cambiario que terminó en una brusca devaluación, con un frente externo ya deteriorado, que volvió a llevar la inflación a niveles iniciales.

En 1985 el equipo económico se enfrentaba a los mismos problemas que el anterior: inflación desmedida, restricción externa tras la caída del acuerdo con el FMI y demandas sociales de los distintos sectores, al tiempo que la economía se encontraba en recesión. Previo a la iniciación del Plan Austral, se realizaron ciertas medidas con el objetivo de sanear el déficit fiscal, con el compromiso de llevarlo al 2,5% rápidamente como señal de saneamiento. Además, se fijó el compromiso de no financiar con emisión el déficit del sector público y se instaló el Austral equivalente a $1.000 pesos. Para concluir el proceso, se consensuó un acuerdo de congelamiento de salarios, precios, tarifas y tipo de cambio, con lo que la inflación se redujo notablemente.

El proceso de saneamiento del déficit fiscal no pudo ser concretado, el frente externo continuó debilitándose y la distorsión de precios relativos fue desmedida. Los cambios del BCRA, que acumulaba un importante déficit cuasifiscal y la política de tipo de cambio que se tornó insostenible llevaron a mayor incertidumbre y coadyuvaron a la espiralización de la tasa de inflación, lo que llevó al abandono de la política de precios administrados/congelados y derivó en la hiperinflación de 1989.

Hecho el repaso histórico y tal como reflejan los gráficos, podemos destacar que los acuerdos de precios y salarios han sido necesarios y han tenido un efecto notorio en los procesos de desinflación en el corto plazo. Sin embargo, en el mediano o largo plazo, todos han fracasado. Esto se debe principalmente al desequilibrio de las cuentas fiscales y externas, como consecuencia de que se intentan frenar determinadas variables nominales como el tipo de cambio o las tarifas, que no van en línea con el equilibrio sustentable de la economía de largo plazo y terminan en peores consecuencias para la economía en su conjunto.

Por lo dicho, queda claro que el acuerdo de precios y salarios resultará necesario para la próxima administración en su objetivo de bajar la inflación, pero solo será efectivo siempre y cuando las políticas de corto plazo se adecuen a los objetivos de largo plazo de procurar cuentas fiscales y externas en equilibrio de forma sostenida.

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