Economía Política
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El problema fiscal sigue presente

22 de noviembre

A pocos días del cambio de gobierno, y con muy pocas definiciones en cuanto a la conformación del equipo económico, las únicas certezas para los próximos cuatro años son los desafíos que deberá enfrentar el gobierno de Alberto Fernández.

Entre los varios problemas que excederán al gobierno de Mauricio Macri, uno de los más desafiantes continuará siendo el desequilibrio fiscal. Esto queda claro al observar los números de las cuentas públicas y analizar la dinámica de las variables en el último año y medio y a futuro. Por si quedaran dudas, la flamante titular del FMI pidió atender la “viabilidad fiscal” de las propuestas del próximo gobierno.

Durante los últimos cuatro años el plano fiscal fue central para el actual gobierno. Aunque ciertamente esta centralidad fue, durante los primeros dos años, más discursiva que real. La preocupación por lograr el equilibrio de las cuentas públicas caracterizó el discurso oficial desde el principio del mandato, pero los números comenzaron a reflejarlo en los hechos tímidamente a partir de mediados del 2017 y con mayor intensidad luego de que se terminara el financiamiento voluntario en abril de 2018.

Ciertamente el desafío era muy grande porque el déficit fiscal mostraba un crecimiento inercial desde el año 2011, combinado con una presión tributaria récord. Así, el gobierno de Cambiemos intentó arreglar el desequilibrio fiscal al mismo tiempo que reducía el peso de los impuestos sobre el sector privado, devolvía recursos a las provincias que estaban indebidamente en manos de la Nación e incrementaba el gasto en prestaciones sociales.

Con todo esto, y como lo muestran los gráficos a continuación, el oficialismo deja el gobierno con un déficit primario que estará cerca del 1% del PBI (0,8% proyectado), habiendo asumido con un déficit primario de 4,8%, es decir, que ha implicado un ajuste antes del pago de intereses de 4 puntos. Al considerar el gasto total, el resultado es algo menor. El financiamiento del gradualismo fiscal resultó en una acumulación de deuda y del peso de los intereses sobre las arcas públicas que llevó a que el déficit total pasara del 6,2% en 2015 a 4% aproximadamente para fines de este año.

 

El gasto público primario, en términos reales, tuvo una reducción de 18% a lo largo de estos cuatro años. Esta reducción habría generado un superávit fiscal primario y un déficit financiero menor si supusiéramos que los ingresos tributarios se mantenían constantes en estos cuatro años. Es decir que, con la caída de los ingresos, el ajuste del gasto necesario para equilibrar las cuentas debería haber sido mayor.

A su vez, este recorte real del gasto del 18% no fue constante y en su gran mayoría se logró de manera forzada ante el estallido de la crisis cambiaria del año pasado, cuando el crédito voluntario para la Argentina desapareció. Hasta el primer trimestre del año pasado el gasto primario había bajado solo un 4%. Es decir que el principal factor que hizo caer el gasto real fue la aceleración inflacionaria consecuente de la depreciación del peso.

A su vez, al desagregar los componentes del gasto, se observa que el elemento más pesado e inelástico a la baja es el de las prestaciones de la seguridad social. La dificultad de bajarlo reside en que está indexado por ley en base a la inflación y los salarios pasados. En este sentido el actual déficit fiscal si bien está en parte agravado por el ciclo económico recesivo que ha hecho caer la recaudación tributaria, al mismo tiempo es el resultado de una licuación de las prestaciones sociales que, en un escenario de estabilización de la tasa de inflación, se revertirá en pocos trimestres.

Este es el principal desafío que enfrentará la gestión fiscal del gobierno de Fernández. Estando el resto de los componentes del gasto bastante más ajustados, la única forma de continuar reduciendo el déficit fiscal por el lado del gasto deberá incluir necesariamente algún tipo de reforma del sistema jubilatorio y de pensiones.

Por el momento, no hay indicios de que vaya a avanzar por este camino y lo que luce más probable es que intente cerrarse la brecha fiscal con un incremento de los impuestos. En este sentido, es probable que el nuevo gobierno intente dejar sin efectos la reforma tributaria aprobada por el Congreso en diciembre de 2017 que estipula reducciones graduales en algunos tributos hasta el año 2022, al mismo tiempo que acude a un aumento de retenciones a las exportaciones y aumentos del impuesto a los bienes personales. Complementariamente habría negociaciones con los gobernadores para suspender la aplicación del Consenso Fiscal. Con ello, el gobierno nacional podría quedarse con la última parte de la devolución del 15% de la masa precoparticipable que el gobierno de Macri estaba devolviendo a todas las provincias desde el año 2016. En canje por este “favor” los gobernadores provinciales estarían habilitados, y no tendrían ningún tipo de control, para volver a incrementar los impuestos a los ingresos brutos y sellos que en los últimos años se acordó reducir a cambio de esta devolución.

En base a estos supuestos, las perspectivas son de un incremento de la presión tributaria consolidada sobre el sector privado durante los próximos años. De ser así, lamentablemente, el problema real de las finanzas públicas argentinas seguirá sin ser atacado. Las cuentas no cierran porque el gasto público se ha expandido durante las últimas dos décadas en una magnitud que no puede ser soportada por la macroeconomía con las condiciones vigentes desde 2011. Incrementar el peso de los impuestos al sector privado no será una solución consistente en el largo plazo.

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