Si bien todavía no se conoce la conformación de las listas que competirán en las PASO del 12 de septiembre próximo, el oficialismo ya está metido en la campaña y todas las medidas en materia económica que se van tomando apuntan a mejorar, de la forma que sea, el poder adquisitivo de los consumidores. Es que, a un año y medio de haber comenzado su mandato, con pandemia y cuarentena de por medio, el gobierno no ha podido cumplir su principal promesa: “ponerle plata en el bolsillo a la gente, recuperar el consumo y encender la economía”. Por el contrario, tanto los ingresos salariales de los trabajadores como las transferencias que llegan a millones de ciudadanos por parte del Estado no solo no han crecido, sino que se encuentran hoy por debajo de los niveles reales vigentes hacia fines del 2019 cuando ocurrió el cambio de gobierno.
Los últimos datos disponibles sobre la evolución del ingreso promedio de los asalariados formales del sector privado (un salario bruto de $81.465 y neto de aproximadamente $67.600) indican que, en mayo la variación mensual contra abril fue de 1,2% mientras que el índice general de precios aumentó 3,4% en el mismo período. Es decir que en mayo el salario, en términos reales, cayó. La comparación interanual indica lo mismo: un aumento de los salarios con respecto a mayo 2020 de 42,8% con una inflación anual del 48,8%. En términos reales, la caída interanual del salario promedio de la economía argentina en el quinto mes del año (y a cuatro meses de las elecciones) fue del 4,5%, mientras que si comparamos los primeros cinco meses del 2020 con los primeros cinco meses del 2021 la caída llega al 6,2%. Cuanto más ampliamos el horizonte, más fuertes se hacen las caídas. Comparando los salarios de mayo 2021 con los de mayo 2019 (pre-PASO) la caída real es del 7%. ¿Cómo están los ingresos en relación al promedio de enero-mayo del 2017? Un 16,6% menores y 17,2% más bajos si la comparación se hace contra el pico de enero-mayo de 2015. El nivel de los ingresos laborales es similar al del año 2010, hace más de una década.
Además, hay que tener en cuenta que los salarios son solo uno de los componentes del ingreso disponible de las personas. Y más aún en un país con una informalidad que ronda el 50% (considerando asalariados y trabajadores independientes). Complementando los datos salariales del Ministerio de Trabajo con los que surgen de las encuestas del INDEC se observan varias cuestiones importantes a destacar. En el siguiente gráfico se muestra la variación real de dos tipos de ingresos comparando el primer trimestre del 2020 con el primer trimestre del 2021: el ingreso de la ocupación principal (ingreso laboral) y el ingreso per cápita familiar (laboral principal, más otros laborales, más transferencias y cualquier otro ingreso).
En primer lugar, la caída de los ingresos totales de las familias es mayor que la caída del ingreso laboral individual de la ocupación principal. Esto ocurre para todos los segmentos de la distribución del ingreso y significa tanto la pérdida de ingresos extras al de la ocupación principal (ocupación secundaria o complementaria, por ejemplo) como la erosión del poder adquisitivo de ciertos ingresos como transferencias del gobierno (jubilaciones, pensiones, AUH, etc.) u otros ingresos (rentas). En segundo lugar, la caída del ingreso de la ocupación principal es mayor en los deciles más pobres de la distribución del ingreso, quienes sufrieron más la crisis laboral de la cuarentena. En tercer lugar, la caída del ingreso familiar total es similar en todos los estratos de la población, lo que podría leerse como un indicador de que la política de transferencias del gobierno ha logrado compensar la mayor caída del ingreso de la ocupación principal en los deciles más bajos de la distribución del ingreso.
Lo más importante de todo esto es que un año más tarde de iniciada la pandemia, con niveles de empleo casi recuperados por completo, con una actividad similar y con el salario real formal promedio ~6% menor, el ingreso per cápita de las familias es 10% más bajo, para cualquier estrato social. De esta observación surge la preocupación del gobierno por forzar una recuperación real de los ingresos laborales (mediante la reapertura de paritarias) pero también del resto de las fuentes de ingreso. Esto es lo que hemos empezado a observar en los últimos meses y se intensificará hasta las elecciones con medidas tales como:
- Prestaciones sociales: la fórmula de movilidad jubilatoria arrojó un aumento del 12,1% para junio y podría superar el 13% en septiembre. De esta manera el poder adquisitivo de las jubilaciones dejaría de caer y podría tener una rápida recuperación en el margen (muy lejos todavía de los máximos de 2017). A este mecanismo automático se le sumarían bonos para las prestaciones mínimas o más bajas.
- Programas asistenciales: es un gasto muy discrecional, cuyo aumento depende pura y exclusivamente de decisiones ejecutivas. En los últimos días se conoció que se adelanta el aumento del salario mínimo vital y móvil. De este indicador dependen el gasto de varios programas asistenciales.
- Subsidios económicos: al congelamiento tarifario se le suma la Ley de Zonas Frías, que subsidia el consumo de gas a más de cuatro millones de hogares. Esto funciona como una transferencia de ingresos indirecto a las familias.
- Salarios públicos: con una caída del 13% en dos años es esperable que en un año electoral se busque mejorar sus ingresos con negociaciones paritarias que recuperen parte de lo perdido en los últimos años.
- Otras medidas menores: más allá de las grandes partidas del presupuesto, hay otras varias medidas ya tomadas como la reducción del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, la exención de IVA a las compras hechas con la Tarjeta Alimentar, el adelantamiento del 20% de la AUH de diciembre, y demás.
Como surge de los datos del INDEC, el deterioro de los ingresos familiares es transversal a la distribución del ingreso, lo que explica que las medidas, con mayor o menor intensidad, apunten a todos los segmentos de la población. Con el único objetivo electoral como norte, la política de los próximos meses abandonará en gran medida la disciplina fiscal con la que se manejó en el primer semestre del año, profundizará la distorsión de precios relativos con el control y congelamientos de grandes precios del sistema económico e intervendrá directamente sobre “mercados sensibles” aún cuando los efectos negativos de mediano plazo sean absolutamente conocidos, como es el caso de los cupos de exportación de carne vacuna para conseguir al menos una moderación del precio interno. Quedan dos meses para las elecciones primarias y el gobierno está dispuesto a poner toda la carne al asador, incluso la que era para exportación.