En los últimos meses hemos venido mostrando la evolución de las finanzas públicas y señalando cómo, luego de un 2020 en el que el déficit público escaló a niveles récords, las cuentas comenzaban a corregirse a un ritmo destacable. Por el lado de los ingresos se observa una recuperación muy importante en relación al año pasado, lo cual era esperable como consecuencia del rebote económico, pero también una sorprendente estabilidad en relación al año 2019 aún cuando la economía se encuentra algunos escalones más abajo en términos de actividad económica. Es el resultado del aumento de la presión tributaria lograda mediante la creación de nuevos impuestos y el aumento de alícuotas de otros ya existentes.
Al mismo tiempo, por el lado de los gastos se observa una importante caída en relación a un 2020 que fue muy expansivo con el objetivo de atender los programas extraordinarios de la pandemia, pero también una notable corrección del nivel de gasto real comparado con el año 2019. Si bien la partida que más ayudó al gobierno a reducir los gastos fue la de los intereses de la deuda luego del canje, no fue la única. Durante los primeros cuatro meses del año el gasto en jubilaciones y pensiones bajó 7% real en relación al primer cuatrimestre de 2019 y el gasto en salarios públicos se contrajo 12% real. El gasto público nacional en su conjunto fue así 5% inferior al de hace dos años.
Ambas dinámicas en conjunto resultaron en una reducción del déficit fiscal de casi 40% en términos reales hasta el mes de abril y seguramente los datos de mayo mostraran una continuidad en este sentido. Sin embargo, un análisis que va más allá de la mera observación de los datos actuales nos hacía dudar de la sostenibilidad de este proceso de “ajuste fiscal”. En primer lugar, porque la propia dinámica futura de algunas partidas del presupuesto, como las de las jubilaciones, ya está determinada como consecuencia de las fórmulas automáticas de actualización. El caso particular de las jubilaciones hace prever un incremento en estos gastos a partir del mes de septiembre próximo. Pero más allá de las partidas que “están jugadas de antemano”, lo que veíamos es que sería bastante improbable que un gobierno con las características conocidas como el actual en cuanto al manejo del gasto público se mantenga en una trayectoria conservadora en plena campaña electoral de medio término. Es decir, la prudencia que Guzmán habría conseguido mostrar durante los primeros meses del año desaparecería a partir de la segunda mitad; debido a que “el ala política” tomaría el control mediante distintas herramientas de inyección fiscal. No es otra cosa que eso lo que empezamos a observar en las últimas semanas y cuya mayor demostración fue la sesión de la Cámara baja este jueves.
En el día de ayer, la Cámara de Diputados dio media sanción (con amplia mayoría) al régimen de “Zonas Frías”. El proyecto se trata de una ampliación del régimen de subsidios al consumo de gas que existe hoy para la región patagónica y el departamento de Malargüe, Mendoza. Paradójicamente con el nombre de la ley, se están incluyendo departamentos y provincias que técnicamente son clasificadas como templadas y templadas-cálidas. De esta manera, el subsidio del cual se benefician hoy las facturas de gas de unos 800.000 hogares aproximadamente llegará, desde la entrada en vigencia de esta ley, a más de cuatro millones de hogares cubriendo así a la mitad de los usuarios de gas de red del país. En el mapa a continuación se puede observar el área sombreada en celeste que pasará a gozar de este beneficio. Como puede observarse, en términos geográficos, es más de la mitad del país la que pasará a pagar entre 30% y 50% menos sobre el total de su consumo de gas. El 50% se aplicará para aquellos usuarios que además de residir en alguna parte del área sombreada demuestren alguna condición socioeconómica que los ubique en un grupo vulnerable, mientras que el 30% se aplicará para todo el resto din ninguna distinción de ingresos. Es preciso destacar que este nuevo subsidio se superpondrá y se sumará al que ya existe desde la implementación de la tarifa social.
¿Cómo se financiará este subsidio? Desde hace ya varios años, todos los consumidores de gas del país pagan en sus boletas un cargo en concepto de Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas de la Patagonia (FFSCRGP) que tenía como destino el financiamiento del subsidio al régimen patagónico. Será este fondo el que se incrementará para atender el crecimiento de los subsidios. El incremento lo llevaría del actual 4,5% al 5,5% pero podría llegar al 7,5%, según lo defina el poder ejecutivo. Es decir que mediante un sobrecargo que pagarán los usuarios del resto del país que queda afuera del beneficio (zona gris) se financiaría la extensión del régimen patagónico al resto de las provincias.
¿Cuáles son todos los problemas que identificamos con esta ley y que dañara a las finanzas públicas y al buen funcionamiento general de la economía argentina?
En primer lugar, que, en contraposición a los argumentos utilizados por la mayoría de los diputados que votaron a favor, el esquema legislado está muy lejos de tener un sentido redistributivo positivo. Al contrario, serán los usuarios de las zonas más pobres del país (conurbano bonaerense, NOA y NEA) los que pagarán más para subsidiar a regiones menos pobres (Patagonia, Cuyo, sur de Córdoba, Santa Fe y casi todo el interior de la PBA)
En segundo lugar, que análisis comparados demuestran que el consumo de los usuarios en la Patagonia, que ya goza del régimen subsidiado, es del doble que en cualquier otra parte del país a iguales temperaturas. Es decir, algo obvio, subsidiar el costo del gas hará incrementar muy probablemente el consumo en toda la región beneficiada.
En tercer lugar, aun considerando que no aumentara el consumo, el incremento del FFSCRGP alcanzaría aproximadamente para financiar solo un tercio del aumento en los subsidios. Esto significa que dos tercios de los nuevos subsidios deberán cubrirse con gastos generales del presupuesto, incrementando el déficit fiscal y la emisión monetaria. Si creemos que el consumo aumentará, entonces el panorama es más preocupante aún. Para terminar de agravarlo, el régimen estará vigente hasta el 2031, según la ley.
En definitiva, antes de lograr mostrar una consolidación fiscal que se extienda al menos por más de uno o dos trimestres el gobierno ya está tomando “medidas desajustadoras” nuevamente. Antes de que Guzmán pueda mostrar un ajuste al FMI y lograr un buen acuerdo, el Kirchnerismo duro ha decidido volver a desajustar las finanzas públicas.